La crisis sanitaria refuerza la posición de quienes defienden volver a la hegemonía de los estados-nación. La pandemia ha llevado a un cierre de fronteras, unido a la incapacidad de organizaciones transnacionales para dar respuesta al problema. Sin embargo, creo que no debemos hacer análisis apresurados, sino ver la situación en su contexto y evolución histórica.
Las desigualdades son una realidad, la existencia de élites económicas es un hecho. Estas élites, bajo las lógicas de la competencia de mercado, emplean cada nuevo canal de comunicación para maximizar beneficios. Por lo tanto, es imposible revertir la globalización de la economía, ya que esta es el fruto lógico de la Revolución de la Información y las Telecomunicaciones. Puede disfrazarse la vuelta al estado-nación a través de aranceles, como hace Trump, pero si seguimos el rastro del dinero veremos que todo presidente de Estados Unidos está financiado por las élites económicas del país. Un rico estadounidense es más parecido a un rico chino que a un trabajador estadounidense, ya que la frase atribuida a El noi del sucre (“un rico catalán es más parecido a un rico madrileño que a un trabajador catalán”) es aplicable a cualquier contexto de diferencia de rentas en un mundo global.
Bajo esta situación, la de la incontestable hegemonía de la economía internacional, caben dos análisis de respuesta democrática: la vuelta al estado-nación democrático o la globalización de la democracia. Si me decanto por la segunda, entendida como contrapeso a los mercados internacionales que establezca mecanismos jurídicos vinculantes, es tras analizar la primera opción.
El poder de un estado-nación (España, por ejemplo), frente al poder de los mercados internacionales, responde a la correlación de fuerzas entre una hormiga y una apisonadora. El ejemplo reciente de este problema es Grecia durante la anterior crisis, que no tuvo otra opción a admitir la derrota para sobrevivir. No defiendo esta posición por dogmatismo, no defiendo organizaciones democráticas transnacionales por filia, sino por realismo. No creo en dogmatismos que deban unir España a la UE si se repite la gestión de la anterior crisis, pero creo que la UE, por tamaño, tiene más posibilidades de ser escuchada en un mundo global.
No se trata solo de justicia -en los países del Sur global viven personas, exactamente igual que nosotros, en condiciones inhumanas- o de necesidad en la lucha frente al cambio climático -dibujar una frontera no hace nada frente a la crisis climática-, sino que también se trata de realismo político. El proceso globalizador es imparable, como mucho se puede ralentizar.
Imaginemos la situación hace quinientos años, en la transición entre el feudalismo y el estado moderno. Los señores feudales, que habían mantenido el poder de su sistema durante siglos, se enfrentan a una nueva realidad: las monarquías cobran una fuerza renovada. Imaginemos que un señor feudal justo ve los desmanes del rey y quiere actuar. Tiene dos opciones: alzar sus tierras frente al reino o intentar cambiar el reino. La primera opción terminaría en una sublevación fallida, con un gran número de víctimas. La segunda opción es muy difícil, pero tejiendo alianzas con otros señores feudales quizás consiga cambiar el ordenamiento jurídico del reino, incluso echar al rey que comete desmanes. Más vale una pequeña probabilidad, medida a través del frío cálculo, que el romanticismo sin probabilidades y graves consecuencias.
La situación actual plantea un dilema parecido. Nuestros estados son señores feudales frente al reino de la hegemonía de los mercados internacionales. Por esta razón defiendo proyectos globales que frenen el poder de los grandes capitales internacionales. La defensa de la soberanía popular, la idea de patria como civismo y acervo cultural, son bienes que preservar frente a la homogeneización y mercantilización de la Globalización, pero solo a través de la cooperación entre pueblos se puede defender. Esta cooperación debe garantizarse mediante mecanismos jurídicos internacionales, ya que la libre cooperación sin ley que la ampare fracasa en el largo plazo. Creo que no debemos hacernos trampas al solitario, o tirar de romanticismo, sino asumir esta realidad. Solo con proyectos globales se puede defender la igualdad en el siglo XXI.
Defiendo la globalización de la democracia, que los ciclos históricos invitan a presentar para dentro de cien años, pero la necesidad -climática, sanitaria, laboral- invita a luchar por ella ahora, como grito ahogado frente a la situación actual. Por otro lado, ya hay voces, con una presencia y experiencia mucho mayor a la mía, que defienden este proyecto. Se habla de crear una constitución mundial. En esta línea, es importante defender un poder constituyente democrático que genere una red de seguridad global para protegerse y cooperar frente a pandemias, luchar contra el cambio climático, tasar las transacciones financieras, garantizar mínimos fiscales para evitar la pérdida de capital de los estados, fijar normas laborales que garanticen el empleo digno y frenen la deslocalización de empresas, cooperar a través de planes de desarrollo con el Sur global… Utopías. Pero el primer paso para que la utopía entre en el debate público es compartir el análisis de la situación.
Hace doscientos años la sanidad pública era una utopía. Sin ese difícil proyecto los efectos de la pandemia serían aún más devastadores. Durante décadas trabajadores de distintos países lucharon por utopías que dieron como resultado el estado de bienestar. Creo que es hora de seguir ese ejemplo y pasar de la defensiva a la ofensiva. No pensar solo en cómo mantener el estado de bienestar en nuestro país, sino en cómo ampliarlo y extenderlo a todas las personas. Para ello únicamente existe una opción, una pequeña probabilidad: la implementación de soluciones globales.
Ítaca en el siglo XXI 